En Barcelona, por cada cinco viviendas en venta sólo hay una en alquiler. Este es el panorama que muestra para 2022 la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona para el mercado inmobiliario de la ciudad.
Y las cifras son preocupantes, pues si se comparan incluso con el mercado antes de la pandemia, para ese momento el ratio era de 1.5 inmuebles en compraventa frente a uno de alquiler.
Este ratio está dentro de los “mínimos históricos”.
Por su parte, en el portal Idealista se registra un total de 9.936 viviendas de alquiler para marzo de 2020, cifra que en septiembre del mismo año llegó a 19.348. Para este año apenas alcanzan las 4.473.
En cuanto a los inmuebles en venta en marzo de 2020 la misma plataforma publicó un total de 18.068 viviendas. En la actualidad alcanzan los 19.428. Para el caso de la venta de viviendas el incremento de la ratio es de 369%.
Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, indica que en los últimos dos años se ha registrado un descenso del 55% en la oferta de viviendas de alquiler en la ciudad.
Pero la situación no sólo es evidente en Barcelona, sino también en otras ciudades españolas como Sevilla, Valencia y Madrid que desde enero de 2019 han venido presentando una situación similar.
En cuanto a los precios de alquiler, alcanzaron el pico en mayo de 2020, pero debido al impacto de la pandemia los precios bajaron y no volvieron al alza sino hasta finales de 2021.
Otro aspecto a destacar es la reciente anulación de parte del articulado de la Ley de Contención de rentas por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el comportamiento de los alquileres en Madrid y Barcelona presentaron similitudes hasta finales de octubre de 2021.
Expertos indican que esta anulación no fue sorpresiva, era esperada como parte de la fijación de rentas y del sistema de actualización de la legislación básica del Estado.
Pero al final también indican que es un ajuste coherente con lo que actualmente está sucediendo en cuanto a los arrendamientos urbanos en la Unión Europea.
No obstante y lo que sí es indudable, es que se está registrando una verdadera restricción de la oferta de alquiler ocasionada por la falta de confianza derivada de la contención de rentas.
Esta desconfianza según los expertos, hace que los pequeños propietarios de inmuebles los estén retirando para alquiler y prefieran venderlos.
En este sentido opinan que no resulta muy oportuno la regulación de precios, sino que lo mejor sería trabajar sobre el incremento de la vivienda protegida y lograr incorporar la iniciativa privada en esta área.
Expectativas de los inmobiliarios
Por su parte, los inmobiliarios estiman que tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la regulación de los alquileres en Cataluña, es posible que la oferta de alquiler de vivienda aumente y origine una caída en los precios de la renta.
La preocupación es que en Barcelona apenas si se alcanzan a contar menos de 5.000 viviendas en alquiler, lo cual es una cantidad insuficiente para atender toda la demanda.
Esta situación ha incrementado los precios de alquiler.
La pandemia definitivamente desplomó la oferta de vivienda, lo que también influyó a que muchos propietarios sacaran sus viviendas del mercado inmobiliario.
Bajo este escenario, el Sindicat de Llogaters indicó que a partir de septiembre de 2020 cuando entró en vigor la Ley de rentas, éstas cayeron un 1,4% en Cataluña y en Barcelona un 4,8%.
Pero Madrid no se queda atrás e incluso la caída fue mayor en comparación con la Ciudad Condal. Según el portal Idealista, para 2021 en Madrid los alquileres bajaron un 4,1%, frente al 0,3% en Barcelona.
Si bien la sentencia definitiva aún no ha sido publicada, una nota informativa del Tribunal indicó que el objetivo es anular varios artículos en lo que respecta a la contención de rentas en los contratos de alquiler de viviendas.
Los jueces explicaron que consideraban que los artículos anulados invadían competencias estatales e incluían la obligación de limitar las rentas a los niveles fijados por el Index de Lloguers elaborado por la Generalitat.
La sentencia también cierra el camino a una regulación unilateral catalana, aunque se emprenderán otras iniciativas legales para mantener los topes de las rentas.
Una de ellas es la nueva Ley estatal de vivienda presentada ante el Congreso de los Diputados, que busca delegar las competencias en materia de vivienda a las comunidades autónomas.
En la nota informativa enviada por el Tribunal Constitucional, la sentencia limita los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, con lo cual no se afectarán los contratos firmados mientras la ley esté vigente. La Generalitat afirma que son alrededor de unos 160.000 contratos.
El Tribunal apela al principio de seguridad jurídica y al querer buscar la estabilidad en las relaciones contractuales preexistentes.
En general en el sector se afirma que la aplicación de esta ley ha funcionado de manera exitosa. Lo que se ha solicitado por parte del sector es lograr concertar una reunión con el Govern para que reafirme el compromiso con la regulación de los precios de alquiler.